El PSOE no se opondrá a la creación de la provincia de Cartagena, si así se desprende de una petición, en ese sentido, de la ralentizada por Valcárcel

El único inconveniente todavía es que esta ciudad encuentre suficiente territorio en el entorno, dispuesto a constituir, junto al hoy municipio de Cartagena, una nueva provincia que integrase a los circundantes de la comarca del mar menor y Campo de Cartagena, más el de Mazarrón en el Bajo Guadalentín, e incluso Águilas llegado el caso. Es decir, toda la fachada litoral de esta tierra que, de paso, también podría cambiar de nombre, si hay nueva provincia, y pasar a denominarse Región Murciana para evitar más equívocos, y agravios a terceros con identidad e historia propias y singulares dentro de ella, caso de Cartagena, Caravaca, Cehegín, Jumilla, Yecla o Lorca. El Gobierno central tiene noticia de las aspiraciones cartageneras y ya ha propuesto a las autoridades locales, a través de su Delegación ante la Comunidad Autónoma, y concretamente a la alcaldesa de Cartagena, del PP, Pilar Barreiro, ir abriendo en la ciudad los mismos servicios que la Administración Periférica del Estado tiene en Murcia. Se estudia a un tiempo la idea de crear en Murcia capital una subdelegación del Gobierno, como ya existe en las regiones uniprovinciales de Madrid y Asturias, independientemente de si Cartagena logra, o no, su provincialidad en esta ocasión. La idea del Gobierno es acostumbrar a los vecinos de los municipios circundantes a que acudan a Cartagena a solucionar problemas por los que hoy acuden a Murcia y así crear cierta identidad previa para no forzar en exceso la creación de la provincia. Lo que se pretende, pues, haya o no provincia de Cartagena finalmente, es desdoblar la administración estatal dentro de la Región de Murcia. El proceso propuesto generosamente por el Estado para Cartagena no es incompatible funcionalmente con que la Comunidad Autónoma de Murcia desarrolle en paralelo otro proceso de comarcalización por descentralización, previo o en vez de, la creación de la provincia de Cartagena si obtiene, o no, en la Asamblea Regional los votos suficientes como para incluirla en la reforma del Estatuto de Autonomía y luego esa reforma es aprobada o no, por las Cortes Generales, incluyendo la consiguiente reforma de la Constitución para que acoja los virtuales cambios que una nueva provincia implicaría en la Carta Magna, aparte de la creación de dos nuevas diputaciones provinciales y una subdelegación del Gobierno en aquella ciudad. En cualquier caso, a partir de ahora, pase lo que pase, Madrid va a empezar a tratar a Cartagena con la importancia que, por población y economía, tiene, y la justicia que históricamente merece.